Ayer, Fátima Báñez, la ministra de empleo que nunca ha trabajado más que
en su partido y que igual se inspira en las recomendaciones (o más bien órdenes) de la CEOE que en las de la Virgen del Rocío, anunció en sede parlamentaria que se reducirán los tipos de contrato de
41 a 5, dejando sólo los contratos indefinidos, temporales, de relevo, de
prácticas y de formación y aprendizaje.
En los nuevos tipos de contrato no se habla de contratos de
inserción, ni bonificados para víctimas del terrorismo, violencia de género o personas
en riesgo de exclusión. ¿Quiere decir eso que desaparecen todas esas
bonificaciones? Sobre el papel parece que sí, con lo que se complicaría la contratación
de personas pertenecientes a estos colectivos.
También desaparece el contrato fijo-discontinuo, que hasta
ahora era utilizado principalmente en el sector turístico y el agrícola. A partir
de ahora, todas esas personas que tenían trabajo unos meses al año de forma más
o menos segura, se ven abocados a un contrato temporal al que tienen que optar
cada año y que conllevará una pérdida de condiciones laborales y un
abaratamiento de los contratos. En un país que cada vez se ve más abocado a que
la industria turística sea su principal fuente de ingresos y que quiere
competir (por lo menos de boquilla) en turismo de calidad, no parece que sea lo
más adecuado. En todo caso, y viendo actuar a este gobierno, sí que parece lo
esperado.
Por otra parte, que desaparezca el contrato para investigación no deja
de ser una consecuencia lógica, por desgracia, de la desaparición de la
investigación en este país.
El problema no es de tipos de contrato, que se han ido
creando a golpe de reformas laborales e intentos de que se contrate a personas
con difícil acceso al mercado laboral. En ningún momento un empresario tenía
que rellenar los 41 impresos, sino elegir entre uno de ellos, además de que una
primera criba (entre temporal e indefinido, por ejemplo) ya dejaba el abanico
de posibles contratos en no más de 5 o 6. Simplemente se han cargado los contratos
bonificados, con el “ahorro” que eso conlleva para el estado, pero las
consecuencias que trae a los trabajadores y empresarios que podían beneficiarse
de ellos. Se acabó la inserción con otro recorte disfrazado de reforma
administrativa.