Manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales en Internet"

Lo primero de todo es, que no son formas. La famosa Ley de Economía Sostenible no es la apropiada para colar por la espalda la posibilidad de que la administración decrete el cierre de una página web sin intervención de la justicia. Antes estas cosas se hacían en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que desapareció con el Gobierno de Zapatero, pero si el resultado es que se puede colar cualquier cosa en cualquier Ley, mejor que la hubieran dejado y así por lo menos sabríamos donde mirar.

Y además de las formas está el fondo. ¿Quién garantiza que con la excusa de dar acceso al P2P no se cierran otro tipo de páginas?, que no se cierran las páginas que puedan llegar a molestar. En teoría no debe ser así, pero una vez abierta la puerta para que un organismo dependiente del ministerio de Cultura, y por tanto politizado o por lo menos "aconsejado" por la cúpula ministerial de turno tenga la potestad de cerrar un sitio web, ¿quién nos asegura que no se utiliza este poder para otras cosas? Posiblemente se considere que soy un malpensado, pero es que nuestros políticos, por regla general, tampoco nos dan razones para pensar de otro modo. Sólo la simple posibilidad de que se pudiera hacer un uso incorrecto de la potestad de cerrar un sitio web ya me pone la carne de gallina.

Por todo esto, me adhiero al siguiente manifiesto:

Manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en Internet'

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

España es un país garantista en lo que se refiere al derecho, pero se quieren pasar esas garantías por el forro de los caprichos, con la excusa de defender la cultura, o mejor dicho, de defender el negocio de unos cuantos. Conmigo que no cuenten.

Actualización a las 21:34h: José Luis Rodríguez Zapatero, antes el aluvión de críticas recibidas por parte de todo el mundo, ha negado que en virtud de la ley de Economía Sostenible se pueda cerrar una web sin mandato judicial. A ver si es verdad.