viernes, 30 de agosto de 2013

Una reforma administrativa. O no.


Ayer, Fátima Báñez, la ministra de empleo que nunca ha trabajado más que en su partido y que igual se inspira en las recomendaciones (o más bien órdenes) de la CEOE que en las de la Virgen del Rocío, anunció en sede parlamentaria que se reducirán los tipos de contrato de 41 a 5, dejando sólo los contratos indefinidos, temporales, de relevo, de prácticas y de formación y aprendizaje.

En los nuevos tipos de contrato no se habla de contratos de inserción, ni bonificados para víctimas del terrorismo, violencia de género o personas en riesgo de exclusión. ¿Quiere decir eso que desaparecen todas esas bonificaciones? Sobre el papel parece que sí, con lo que se complicaría la contratación de personas pertenecientes a estos colectivos.

También desaparece el contrato fijo-discontinuo, que hasta ahora era utilizado principalmente en el sector turístico y el agrícola. A partir de ahora, todas esas personas que tenían trabajo unos meses al año de forma más o menos segura, se ven abocados a un contrato temporal al que tienen que optar cada año y que conllevará una pérdida de condiciones laborales y un abaratamiento de los contratos. En un país que cada vez se ve más abocado a que la industria turística sea su principal fuente de ingresos y que quiere competir (por lo menos de boquilla) en turismo de calidad, no parece que sea lo más adecuado. En todo caso, y viendo actuar a este gobierno, sí que parece lo esperado.

Por otra parte, que desaparezca el contrato para investigación no deja de ser una consecuencia lógica, por desgracia, de la desaparición de la investigación en este país.

El problema no es de tipos de contrato, que se han ido creando a golpe de reformas laborales e intentos de que se contrate a personas con difícil acceso al mercado laboral. En ningún momento un empresario tenía que rellenar los 41 impresos, sino elegir entre uno de ellos, además de que una primera criba (entre temporal e indefinido, por ejemplo) ya dejaba el abanico de posibles contratos en no más de 5 o 6. Simplemente se han cargado los contratos bonificados, con el “ahorro” que eso conlleva para el estado, pero las consecuencias que trae a los trabajadores y empresarios que podían beneficiarse de ellos. Se acabó la inserción con otro recorte disfrazado de reforma administrativa.